Capacitación Venezuela

1. Introducción:

La Convención sobre los Derechos del Niño (en adelante “CDN”) y los demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables para el reconocimiento y protección de los niños, niñas y adolescentes no solo descansan en la consagración de derechos sustantivos, sino que en ellos se contemplan obligaciones específicas que los Estados deben tener en cuenta para que dichos derechos tengan una aplicación adecuada, pertinente y conforme a las diversas realidades que experimenta la niñez. Estas obligaciones –muchas veces detalladas por los Órganos de Tratados– establecen un mandato para que los Estados emprendan acciones, que no son otra cosa que un llamado a generar un sistema de garantías legales, judiciales y administrativas.

Al detenerse en el último punto, esto es la necesidad de establecer un sistema de garantías para el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, aparece como una necesidad imperante el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones que cumplen funciones relacionadas con la niñez y particularmente, aquellas dirigidas a proveer atenciones establecidas a nivel constitucional, o legal. Y si, finalmente, esta necesidad se lleva a campos específicos de la niñez, como lo es el caso de la garantía del derecho a vivir en familia, la protección especial, la erradicación de la violencia, o al ámbito de la garantía de igualdad y no discriminación, dicho fortalecimiento de capacidades ha de estar provisto de elementos que permitan que dichas instituciones se desenvuelvan correctamente en escenarios que por lo general son de carácter complejo.

Por otra parte, si se considera la situación específica de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, donde su derecho a vivir en familia puede verse privado (por ejemplo, mediante la disposición de cuidados alternativos), parece fundamental apoyar el mejoramiento de las capacidades institucionales a efectos que todo organismo tenga un conocimiento adecuado de los derechos de la niñez, los desafíos de la protección integral y en general, de todos los aspectos que deben concurrir en aquellas situaciones en que verificándose situaciones de vulneración de derechos y deban disponerse de medidas que afectarían el derecho a la vida familiar, dichas decisiones se adopten con herramientas pertinentes y con la aplicación irrestricta de los estándares existentes en la materia. Para el logro de estas aspiraciones parece vital contar con la debida preparación y con elementos de formación continua que permitan otorgar los espacios de protección más pertinentes y adaptados a las particularidades de cada caso.

2. Objetivos de la actividad de capacitación:

Objetivo General:

El Plan de Formación busca brindar un acercamiento técnico y especializado para las instituciones públicas y organismos de la sociedad civil relacionadas con niños, niñas y adolescentes, a temáticas específicas sobre derechos de la niñez y los distintos aspectos que se requieren para el reconocimiento y la protección de sus derechos. Para estos efectos se pretende entregar conocimientos relativos a los distintos sistemas de fuentes normativas, dogmáticas y conceptuales sobre los derechos de la niñez, así como en aspectos fundamentales sobre infancia, con un foco prioritario en el derecho a la vida familiar y a las medidas que, conforme a los estándares internacionales, deben adoptarse para el resguardo pertinente de este derecho.

Objetivos Específicos

Los objetivos específicos de las actividades de formación:

· Conocer, comprender y aplicar los marcos conceptuales y teóricos vinculados a infancia y adolescencia.

· Entender el estado actual de los principales problemas y desafíos que en materia de cuidado alternativo enfrenta la infancia y la adolescencia en el país y la región.

· Comprender y promover la capacidad de análisis de la estructura y contenido de los estándares nacionales e internacionales sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes.

· Entregar herramientas conceptuales, teóricas y prácticas, para un abordaje pertinente de los desafíos en materia de protección de los derechos de la niñez y la protección del derecho a vivir en familia.

· Promover procesos de discusión y trabajo en torno al análisis de casos y situaciones problemáticas que enfrentan las instituciones, en materia de derecho a vivir en familia y los sistemas de cuidados alternativos de niños, niñas y adolescentes.

3. Metodología:

Las actividades de capacitación se desarrollarán mediante la modalidad mixta en la que se combinará la modalidad de conferencias (exposiciones dialogadas) y talleres de trabajo. En las primeras se presentarán los contenidos, los problemas y desafíos que dichos temas actualmente presentan en el ámbito internacional y nacional, la revisión de prácticas nacionales comparadas para la superación de dichos desafíos y; la facilitación de procesos de análisis crítico en base a los conocimientos entregados, en estas conferencias se promoverá el método participativo de cada una de las instituciones.

La segunda modalidad de trabajo estará centrada en la realización de talleres prácticos, donde se promoverá la aplicación de los conocimientos y contenidos entregados a casos hipotéticos, o a la solución de contingencias que cotidianamente enfrentan las instituciones participantes.

Es importante mencionar que frente al contexto que vive el país a raíz de la pandemia COVID-19 es probable que el programa de formación sea desarrollado de manera virtual, mediante la utilización de plataformas online, dando así cumplimiento a las disposiciones sanitarias dispuestas por las autoridades nacionales.

La actividad de capacitación contempla 26 horas de trabajo online (que para estos efectos y atendido el contexto se trata de trabajo presencial en las conferencias y talleres).

4. Destinatarios

La capacitación estará dirigida a instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que contemplan dentro de sus funciones, el trabajo con niños, niñas y adolescentes y particularmente aquellas entidades que se relacionan con el sistema de protección especial, sea en lo judicial, como en ámbitos administrativos.